La violencia en los espacios laborales y más allá: los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras

El artículo analiza la violencia de género en el trabajo como una grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial los derechos a la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. La pregunta de investigación que guía el estudio es: ¿de qué manera la violencia de género en el ámbito laboral afecta la garantía efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras y qué mecanismos normativos y empresariales son necesarios para erradicarla? A través de una metodología jurídico-doctrinal y comparada, se estudia el impacto estructural de la violencia laboral y doméstica sobre la autonomía y participación de las mujeres, examinando los marcos normativos de Colombia y Chile, así como los estándares internacionales de la oit, la cedaw y la Convención de Belém do Pará. Se sostiene que, aunque existen leyes y tratados robustos —como el Convenio 190 de la oit y las leyes integrales contra la violencia en ambos países—, persisten brechas en su aplicación, lo que perpetúa entornos laborales inseguros y discriminatorios. La violencia de género, afirman, no es un fenómeno individual, sino estructural y cultural, arraigado en normas patriarcales que normalizan el maltrato y obstaculizan la igualdad material. El estudio también aborda la responsabilidad empresarial, destacando el deber de debida diligencia en derechos humanos para prevenir, investigar y sancionar la violencia. Además, analiza el impacto de la violencia doméstica en el trabajo, mostrando cómo esta interfiere en la estabilidad laboral, la productividad y la salud mental de las mujeres, y argumenta que las empresas y el Estado deben ofrecer mecanismos de protección efectivos. Comparativamente, se examinan los modelos de España y México, que han desarrollado políticas y leyes integrales con enfoque de género, evidenciando que la erradicación de la violencia requiere no solo normas, sino transformaciones culturales y políticas públicas integrales. Se concluye afirmando que los Estados y las empresas tienen la obligación jurídica y moral de garantizar un entorno laboral libre de violencia, lo cual es esencial para la vigencia real de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras y para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.