El acceso a la justicia ambiental en Colombia como eje fundamental del Acuerdo de Escazú

Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 2273 de 2022, validada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-359/24. Este tratado obliga al Estado a garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental. En este contexto, el artículo evalúa si el marco jurídico e institucional colombiano cumple con los estándares internacionales o si es necesario establecer una jurisdicción ambiental especializada. A través de una metodología dogmática, se sistematiza la normativa vigente, mientras que el enfoque descriptivo-crítico permite examinar las capacidades institucionales existentes. Se destaca la necesidad de órganos competentes con conocimiento técnico especializado para resolver conflictos ambientales de manera adecuada. Finalmente, se propone la creación de una jurisdicción especializada en justicia ambiental, dado que el sistema actual no contempla mecanismos efectivos que aseguren dicho acceso, lo cual impide el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Escazú.