LA ALTERNATIVA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL ACCESO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OPORTUNIDAD Y RETO PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas es un plan de acción que busca beneficiar a las personas, al planeta y a la prosperidad, y que también tiene como metas promover la paz mundial y garantizar el acceso a la justicia. La Agenda 2030 se presenta como un nuevo contrato social, tanto a nivel global como local, que requiere que todos los actores sociales y las administraciones públicas colaboren de manera coordinada. Durante los últimos años, y en especial tras la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19, la sostenibilidad económica, ambiental y social se han convertido en unas necesidades acuciantes, que ofrezcan una alternativa y una opción para que la gestión pública se enriquezca con este valor añadido. Se propone una revisión integral que una las políticas públicas internas y asegure que estas sean coherentes con el desarrollo sostenible, fomentando un esfuerzo colectivo. Para lograrlo, es fundamental establecer mecanismos que faciliten la cooperación y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, es crucial resaltar el compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad, para que puedan llevar una vida plena en lo personal, social y laboral. En este contexto, este trabajo se enfoca en analizar la normativa actual relacionada con la gestión y promoción del acceso al empleo para personas con discapacidad desde dos perspectivas. Primero, se realizará un análisis descriptivo de las leyes aplicables al acceso de estas personas a empleos en el sector público y privado. En segundo lugar, se explorará la opción de la alternativa de la economía social y las entidades que la integran en colaboración con el sector público para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, como un supuesto de la oportunidad de la articulación de fórmulas de colaboración público-privada como medida de fomento y promoción de la incorporación de valores sociales a las políticas públicas.