Trata de personas con fines de explotación sexual

La trata con fines de explotación sexual es una forma extrema de violencia de género, marcada por la coerción y la mercantilización de la vulnerabilidad humana. Se distingue del tráfico de personas por la fase de explotación obligada, y en España se agrava por la ambigüedad legal sobre la prostitución y la impunidad de la demanda masculina. Desde una perspectiva interseccional, la mayoría de las víctimas son mujeres migrantes en situación irregular, expuestas a doble victimización: por la explotación sufrida y por una respuesta institucional insuficiente o punitiva. Jurídicamente, el principio de no punición (art. 177 bis.11 CP) exime de responsabilidad penal actos cometidos bajo coacción, respaldado por el Protocolo de Palermo y la Directiva 2011/36/UE. Distintas sentencias consolidaron esta exención y la nulidad del consentimiento en prostitución forzada, reforzando el enfoque restaurativo, aplicando directamente la exención sin retrotraer actuaciones. No obstante, la STS 960/2023 impone un umbral probatorio excesivo que revierte derechos consolidados, omite la perspectiva de género y desconoce pruebas alternativas.