La falta de certeza en el régimen jurídico de la liquidación vinculada a delito: la nulidad de pleno derecho de los recargos del período ejecutivo, la imprescriptibilidad de la potestad recaudatoria y la proscripción de su revisión

Con carácter previo a la sentencia judicial, la Administración tributaria puede realizar actuaciones administrativas de cobro frente al presunto delincuente fiscal a través del título que constituye la «liquidación vinculada a delito» (LVD). Sin embargo, la normativa administrativa configuró el régimen jurídico de aquella figura desde una perspectiva exclusivamente administrativa, que difícilmente puede adaptarse luego a las exigencias del título judicial. Tal incompatibilidad se plantea en torno al régimen de recargos del período ejecutivo y de prescripción del ejercicio de la potestad recaudatoria, así como tangencialmente en la interdicción normativa de cualquier impugnación de este título administrativo. Las diferentes soluciones jurídicas pasan, a nuestro juicio, por la opción entre un ordenamiento y otro, con la consiguiente quiebra del principio constitucional de seguridad jurídica que debe predicarse de toda regulación.