El Caso Rearte y la emergencia de la Ciudadanía de Segunda Clase

El ensayo analiza el caso Adriana Sandra Rearte vs. Argentina (202617 - CIDH – Petición 1969-15 - Adriana Sandra Rearte vs. Argentina), admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un caso paradigmático para identificar una forma específica y estructural de exclusión producida dentro del propio Estado democrático. Lejos de tratarse de un conflicto laboral aislado o de un abuso disciplinario puntual, el caso permite observar el funcionamiento regular de un régimen interno que restringe de manera sistemática derechos fundamentales —como la libertad sindical, la expresión y la igualdad ante la ley— a quienes integran las fuerzas de seguridad. A partir de este análisis, el trabajo propone la Ciudadanía de Segunda Clase (CSC) como categoría analítica destinada a describir el estatus político de los agentes estatales que, aun siendo ciudadanos plenos en el plano constitucional y convencional, ven suspendido de hecho el ejercicio efectivo de sus derechos dentro de la institución que los emplea, bajo la justificación de la “naturaleza especial” de su función. El ensayo sostiene que la CSC no constituye una anomalía ni un residuo autoritario, sino una forma contemporánea de gobierno interno, sostenida por la articulación de tres lógicas recurrentes: la sospecha permanente como principio organizador, la lealtad vertical como moneda política exclusiva y la discrecionalidad como método habitual de gestión disciplinaria. Estas lógicas producen una paradoja democrática central: un Estado que exige respeto irrestricto por los derechos humanos hacia afuera, mientras tolera regímenes de excepción permanentes hacia adentro. Finalmente, el trabajo argumenta que nombrar este fenómeno como Ciudadanía de Segunda Clase permite desplazar el análisis desde la noción de “abusos” individuales hacia la identificación de diseños institucionales estructurales, con profundas implicancias para la legitimidad democrática, la seguridad pública y la coherencia normativa del Estado de derecho. Abstract This article examines the case Adriana Sandra Rearte vs. Argentina, admitted by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), as a paradigmatic instance for identifying a specific form of exclusion produced within democratic states. Beyond an isolated labor or disciplinary dispute, the case reveals the systematic restriction of fundamental rights—such as freedom of association, expression, and equality before the law—affecting members of state security forces. Based on this analysis, the article introduces Second-Class Citizenship (CSC) as an original analytical category to describe the political status of state agents who, despite being full citizens in constitutional terms, experience a de facto suspension of rights within the institutions that employ them, justified by the “special nature” of their functions. The article argues that CSC constitutes a contemporary mode of internal governance sustained by permanent suspicion, vertical loyalty, and discretionary disciplinary practices, generating a central democratic paradox: a state that guarantees rights outwardly while normalizing regimes of exception inwardly. Naming this condition enables a shift from individual abuses to structural institutional analysis, with significant implications for democratic legitimacy and the rule of law.