Entregable 12: Propuesta metodológica para la elaboración de planes y programas de OT y OE con base en criterios de aptitud territorial y vocación de uso de suelo.

El Estado mexicano debe como obligación Constitucional garantizar, proteger, promover y respetar todos los derechos humanos, entre ellos se encuentra al desarrollo el cual según la resolución 41/128 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1986) es inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. Adicional a lo anterior los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. Además, se deberá de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. También deberá de garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada con fundamento en el mismo artículo fracción séptima que establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Considerando lo anterior, estos tres derechos se encuentran directamente vinculados en la Ley de Planeación en su artículo 3 que establece que se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, teniendo como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. A pesar de lo establecido estos derechos humanos no están plenamente garantizados en México debido entre otras cosas a una serie de conflictos y problemáticas causadas por la redacción de las tres principales leyes en materia, lo que ha derivado entre otras cosas en la desactualización de instrumentos de planeación provocando una visión desarticulada del territorio mexicano, entre otras.