El rol de la evaluación psicológica en los delitos de violencia y su incidencia en la reparación integral

La violencia, en sus diversas manifestaciones, constituye uno de los fenómenos jurídicos y sociales de mayor complejidad en los sistemas penales contemporáneos, al involucrar no solo la vulneración de bienes jurídicos protegidos, sino también profundas afectaciones a la esfera psíquica de las víctimas. En el contexto ecuatoriano, el reconocimiento constitucional de la reparación integral y la progresiva incorporación de saberes interdisciplinarios han otorgado a la evaluación psicológica un rol relevante dentro del proceso penal, especialmente en los delitos de violencia intrafamiliar y de género. El presente artículo tiene como objetivo analizar el rol de la evaluación psicológica como medio de apoyo probatorio y como elemento sustantivo para la determinación de la reparación integral, a partir del marco normativo ecuatoriano y de estándares científicos internacionales. La metodología empleada corresponde a un enfoque jurídico-dogmático, de tipo analítico y documental, sustentado en la revisión de normativa constitucional y penal ecuatoriana, jurisprudencia relevante, doctrina especializada y literatura científica relacionada con psicología forense y reparación integral. Los principales resultados evidencian que el peritaje psicológico constituye una herramienta fundamental para la acreditación del daño psíquico, permitiendo al órgano jurisdiccional comprender las afectaciones emocionales y conductuales derivadas de los hechos violentos. Asimismo, se identificó que la evaluación psicológica contribuye significativamente a la determinación de medidas de reparación integral, particularmente en los componentes de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Como principal conclusión, el estudio determina que la adecuada articulación entre derecho y psicología fortalece la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, favoreciendo decisiones judiciales más integrales, humanizadas y acordes con los principios constitucionales de dignidad humana, acceso a la justicia y protección integral.