Desiderata y compromisos para una nueva etapa de la ciencia paraguaya: evidencia, innovación y calidad al servicio del Paraguay

Este año 2026 que inicia, encuentra al sistema científico paraguayo en un momento particularmente significativo.El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), institución creada por la Ley N.º 1028/1997, cumple 29 años de existencia, consolidándose como el órgano rector de las políticas nacionales de ciencia, tecnología, innovación y calidad.Este aniversario, que a su vez coincide con el inicio de un periodo de un Consejo renovado por mandato legal, no solo invita a una mirada retrospectiva sobre los avances logrados, sino que interpela, con igual fuerza, a pensar el futuro inmediato del país desde una perspectiva estratégica y visionaria.A lo largo de casi tres décadas, el CONACYT ha desempeñado un rol fundamental en la construcción de capacidades científicas nacionales.La promoción de líneas de investigación, el financiamiento sostenido de proyectos científicos, la formación de recursos humanos altamente calificados y la profesionalización de la actividad investigadora han permitido conformar una masa crítica de investigadores e instituciones que en su conjunto configuran el "ecosistema científico" que hoy sitúa al Paraguay en una etapa de madurez científica.Esta realidad impone un desafío cualitativamente distinto al de los años fundacionales: transformar el conocimiento generado en una herramienta efectiva para la toma de decisiones públicas y el desarrollo sostenible.En este contexto, uno de los ejes prioritarios para el nuevo período institucional es avanzar decididamente hacia el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencias científicas.En un Estado Social de Derecho, las políticas públicas constituyen el vehículo por excelencia para la materialización de derechos fundamentales en ámbitos como la salud, el ambiente, la educación, la energía, la producción y la inclusión social.Vincular de manera sistemática la investigación científica con la planificación estatal no es una aspiración teórica, sino una necesidad concreta para mejorar la eficacia, la transparencia y la legitimidad de la acción pública.