La responsabilidad penal del Estado por falta de protección judicial a víctimas de violencia de género en Ecuador

Este artículo analiza la responsabilidad penal del Estado ecuatoriano derivada de la falta de protección judicial efectiva a las víctimas de violencia de género. A través de un enfoque socio jurídico y un diseño metodológico mixto con predominio cualitativo, el estudio realiza una evaluación comparada de tres periodos presidenciales (2017–2021, 2021–2023 y 2023–actualidad) con el fin de examinar la eficacia real de las medidas de protección previstas en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los hallazgos revelan brechas persistentes entre el marco normativo y su implementación, evidenciadas en respuestas tardías, insuficiente seguimiento, desigualdades territoriales y vulneraciones recurrentes del principio de no revictimización. A pesar de las reformas institucionales y del fortalecimiento de los mecanismos de política pública, los datos demuestran que las medidas de protección frecuentemente no logran prevenir riesgos previsibles, incluido el femicidio. El análisis identifica las condiciones bajo las cuales la omisión estatal puede adquirir relevancia penal, particularmente cuando convergen un deber jurídico específico de protección, la posibilidad material de actuar, la previsibilidad del riesgo y la probabilidad de evitar el daño. El estudio concluye que mejorar la protección judicial requiere no solo robustez normativa, sino también eficacia operativa, coordinación interinstitucional y un seguimiento sostenido que garanticen que las medidas de protección se traduzcan en salvaguardas reales para la vida y la integridad de las mujeres.