LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: ANÁLISIS DEL DICTAMEN 8-24-RC DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La presidencia del Ecuador, mediante la Secretaría General de Comunicación, realizo un comunicado el 6 de noviembre de 2024 en la cual daba a conocer una propuesta de reforma parcial a la constitución con el fin de excluir a las personas privadas de libertad más conocidas como PPL de la categoría de grupos de atención prioritaria los cuales constan en los Arts. 35 y 51. Este comunicado se hizo, en medio de una grave crisis penitenciaria, lo que ha motivado una profunda disputa sobre los derechos de este grupo y la obligación del estado ecuatoriano en la protección de los mismos, lo cual justifica el análisis del Dictamen 8-24-RC/24 de la Corte Constitucional. El objetivo de este artículo es analizar la naturaleza de las garantías constitucionales que protege a los PPL, considerando su estado de vulnerabilidad y las protecciones a sus derechos que les otorga el Estado ecuatoriano. Para demostrar lo antes mencionado, se utilizó un enfoque cualitativo con un alcance jurídico, doctrinario y jurisprudencial, a su vez utilizo el método teórico jurídico, así como el método exegético analítico. Los resultados obtenidos en el presente articulo revelan que la Corte Constitucional analizo y resolvió que la vía de reforma parcial no es la adecuada por ende no es procedente toda vez que estamos frente a una restricción y regresividad de derechos. Además, una encuesta realizada a los Jueces de la ciudad de Riobamba afirmó al 100% que excluir a los PPL de los grupos de atención prioritaria afecta la dignidad humana y que la vía adecuada sería la enmienda o consulta popular. La conclusión es que la protección de los derechos fundamentales de los PPL constituye una garantía de derechos reforzada en la Constitución y Tratados Internacionales. Abstract The Presidency of Ecuador, through the General Secretariat of Communication, issued a statement on November 6, 2024, in which it announced a proposed partial reform to the Constitution in order to exclude persons deprived of liberty, better known as PPL, from the category of priority attention groups, which are listed in Arts. 35 and 51. This statement was made in the midst of a serious prison crisis, which has motivated a deep dispute over the rights of this group and the obligation of the Ecuadorian State to protect them, which justifies the analysis of Opinion 8-24-RC / 24 of the Constitutional Court. The objective of this article is to analyze the nature of the constitutional guarantees that protect PPL, considering their state of vulnerability and the protections of their rights granted to them by the Ecuadorian State. To demonstrate the aforementioned, a qualitative approach with a legal, doctrinal, and jurisprudential scope was used, in turn employing the legal theoretical method and the analytical exegetic method. The results obtained in this article reveal that the Constitutional Court analyzed and ruled that partial reform is not adequate and therefore inadmissible, given that we are facing a restriction and regression of rights. Furthermore, a survey of judges in the city of Riobamba confirmed 100% that excluding PPL from priority care groups violates human dignity and that the appropriate course of action would be an amendment or popular consultation. The conclusion is that the protection of the fundamental rights of PPL constitutes a guarantee of rights reinforced in the Constitution and international treaties.