Editorial

Ha iniciado el año 2026 con acontecimientos de alta relevancia internacional, en particular aquellos vinculados a la situación de la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de operaciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump. Este escenario reabre interrogantes en una región donde se asumía superada la recurrencia a este tipo de prácticas (Rojas, 2020). Este hecho no es aislado ni circunstancial, sino que se inscribe en una lógica más amplia de proyección de poder y redefinición de prioridades estratégicas en la política exterior estadounidense. En la medida en que los intereses estratégicos de Estados Unidos así lo demandan, intereses que, bajo la administración de Trump, se han vinculado prioritariamente al control de recursos energéticos como el petróleo, más que al combate del tráfico de drogas (Bromwich, 2026; Casado, 2020; Savage, 2026; Sofuoglu, 2026; Zegarra, 2026), Venezuela ha sido el escenario elegido para demostrar que ese giro no era meramente retórico. En ese marco, la intervención estadounidense se presenta bajo un discurso de restauración democrática y defensa de los derechos humanos, que, sin embargo, se ve tensionado por una lógica geopolítica que relativiza dichos principios (Broc´ic & Miles, 2021; Buen, 2026), debilita la capacidad de los propios venezolanos para conducir una salida política soberana, y erosiona el orden internacional basado en reglas, al poner en cuestión la no intervención, el respeto a la soberanía estatal y la solución pacífica de las controversias, reforzando un precedente que debilita el multilateralismo y aumenta la inestabilidad regional y global (Mangas, 2026).