Prisión preventiva vs. estado de inocencia en el sistema procesal penal ecuatoriano: análisis constitucional y garantista de su aplicación en delitos contra la inviolabilidad de la vida

El uso de la prisión preventiva en Ecuador está perdiendo su razón de ser. En casos de delitos contra la vida, lo que debería ser el último recurso se ha convertido —casi por inercia— en un castigo antes de tiempo. Aunque la Corte Constitucional intentó poner orden con la Sentencia 8-20-CN/21, la realidad en los juzgados es otra: existe un abismo enorme entre la teoría legal y lo que los jueces deciden en el día a día. Parece que el test de proporcionalidad es más un estorbo que una guía, y se prefiere la vía fácil del formalismo penal. Para entender qué está pasando realmente, analizamos 50 autos judiciales y hablamos con 40 operadores de justicia entre 2021 y 2024. Los datos son, cuanto menos, preocupantes. Resulta que el 90 % de las órdenes de prisión se basan solo en cuántos años de cárcel dicta la ley para el delito, ignorando las circunstancias de cada persona. Pero hay algo más profundo: el 82 % de los jueces admitió que la presión de los medios y el miedo a represalias disciplinarias les pesan a la hora de decidir. Al final, no se litiga sobre el riesgo real, sino que se actúa por pura autoprotección institucional. Esto nos deja una lección clara para cualquier política criminal. No sirve de nada reformar las cárceles si no arreglamos primero la independencia de los jueces. Si no logramos que el estado de inocencia vuelva a ser la columna vertebral del proceso, la prisión preventiva seguirá siendo una herramienta política y no una medida cautelar legítima.