Perpetradores y construcción social del franquismo en Córdoba. Un análisis de los jueces de los tribunales militares (1936-1945)

Esta tesis doctoral estudia la justicia militar franquista como uno de los principales instrumentos de institucionalización de la violencia tras el golpe de Estado de 1936. El foco se sitúa en sus ejecutores —jueces instructores, fiscales, auditores y vocales ponentes—, entendidos no como meros aplicadores de órdenes, sino como agentes activos en la producción, legitimación y sostenimiento del orden dictatorial. El marco espacial es la provincia de Córdoba. La investigación se apoya en dos pilares: el estudio de la justicia militar como mecanismo central de la violencia fundacional del franquismo y la utilización del Proyecto CONCORD, que facilita la identificación de los operadores jurídicos. Gracias a ello, se aplica una metodología mixta —cualitativa y cuantitativa— que abarca a más de un centenar de actores. A través de un análisis prosopográfico de sus trayectorias, se reconstruyen sus perfiles sociopolíticos, sus funciones en la maquinaria judicial y su evolución tras la guerra. Con ello, se busca contribuir a una historia social de la dictadura que considere la violencia no como un episodio excepcional, sino como un elemento constitutivo del poder franquista. El trabajo se inscribe en el marco de los Perpetrator Studies, corriente que desde los años noventa ha desplazado la atención hacia los ejecutores de la violencia masiva. Su objetivo no es moralizar ni exculpar, sino comprender los factores —ideológicos, políticos, sociales o de oportunidad— que posibilitaron la participación de miles de individuos en políticas de exclusión y eliminación. La tesis responde, por tanto, a una doble carencia: la falta de atención sistemática a los ejecutores de la justicia militar y la necesidad de integrar esta perspectiva en una historia social de la dictadura que incorpore la violencia como estructura de poder. Juzgar, condenar y depurar no fueron solo actos punitivos, sino gestos constitutivos en la normalización del nuevo orden político. En el Bloque I, se presentan las bases teóricas y metodológicas y tres hipótesis centrales: que la justicia militar fue el dispositivo central de la violencia estatal; que sus operadores formaban un cuerpo heterogéneo pero funcional, con trayectorias previas en la República; y que el ejercicio de la coerción se convirtió en un capital político y profesional para integrarse en el Estado franquista. El Bloque II retrocede a la Segunda República para rastrear las raíces institucionales y personales de la justicia militar franquista. Lejos de surgir de la nada, se apoya en prácticas previas: informes morales de autoridades locales, uso del concepto de «enemigo interior» o discursos autorreferenciales de la Guardia Civil. El Bloque III estudia el despliegue de la justicia militar en Córdoba entre 1936 y 1945. Se analizan cambios organizativos, criterios de selección del personal y dinámicas territoriales. Se demuestra que esta jurisdicción no fue un recurso transitorio de guerra, sino un sistema pensado para perdurar y reordenar el espacio social y político. La incorporación de jóvenes juristas civiles mediante procesos de militarización reforzó las bases del nuevo Estado, en un contexto donde la justicia se convirtió en herramienta de promoción, legitimación y control social. El Bloque IV se centra en las trayectorias posteriores. Muchos de estos juristas consolidaron carreras en la administración, el ejército o la magistratura civil, aprovechando la violencia ejercida como mérito explícito en sus expedientes. La fidelidad al «Alzamiento» se tradujo en ascensos, sueldos y condecoraciones. A su vez, se integraron en redes políticas, eclesiásticas y profesionales, convirtiéndose en notables locales, parlamentarios o catedráticos. En definitiva, la tesis demuestra que la justicia militar franquista fue una escuela de poder y un vivero de élites, donde la violencia se institucionalizó y se transformó en un recurso de legitimidad duradero para el régimen y sus ejecutores.