Análisis de las políticas para combatir la pobreza energética en la Unión Europea y España: 2005-2024

La pobreza energética es un problema multidimensional que afecta a decenas de millones de ciudadanos de la Unión Europea. Se produce por la combinación de altos precios de la energía y viviendas energéticamente ineficientes, afectando sobre todo a aquellos hogares con bajos ingresos. Aunque no es un problema nuevo en la Unión Europea, las últimas crisis, sanitaria y energética, lo han agudizado. Para dar respuesta a este fenómeno, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros han puesto en marcha en las últimas décadas numerosas políticas, articuladas principalmente en torno a dos enfoques: por un lado, políticas sociales, basadas en transferencias monetarias a los hogares, para que, en el corto plazo, puedan aliviar sus dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o pagar sus facturas energéticas a tiempo; y, por otro lado, políticas más estructurales, encaminadas a subvencionar o financiar acciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los hogares. Aunque existe una extensa literatura sobre las causas y consecuencias de la pobreza energética en distintos países, son aún escasos los estudios que comparan la efectividad de las políticas implementadas por los Estados miembros y estudian cómo los perfiles territoriales de los países y regiones inciden en dicha efectividad. Esta tesis contribuye precisamente en ese ámbito, analizando las políticas adoptadas en la Unión Europea y, en particular, en España. Para ello, se aplicarán el análisis de clases latentes (LCA) y la técnica de Propensity Score Matching (PSM) a datos secundarios a nivel europeo y español, tanto agregados como a microdatos de hogares. El análisis realizado revela que las políticas más eficaces son aquellas que combinan medidas sociales con intervenciones estructurales, adaptadas a las condiciones socioeconómicas y climáticas de cada territorio y focalizadas en aquellos grupos especialmente vulnerables. Asimismo, muestra que, a pesar de los avances logrados, persisten importantes desafíos que deben abordarse con urgencia para garantizar una transición energética justa y sostenible.